Desde octubre de 2025, España cuenta con una nueva normativa que redefine cómo se regula la publicidad en redes sociales. Esta ley afecta directamente a los influencers y, de forma indirecta, también a las marcas que colaboran con ellos. En Trescom analizamos en qué consiste esta nueva regulación, cuáles son sus principales implicaciones y cómo transformará el panorama de la comunicación digital.
¿Qué es la Ley de Influencers?
La «Ley de Influencers» se refiere al Real Decreto 444/2024, desarrollado en el marco de la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022). El pasado octubre, en España entró en vigor el nuevo Código de Conducta sobre Publicidad de Influencers, enmarcado en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Esta normativa, impulsada por AUTOCONTROL, la Asociación Española de Anunciantes (AEA) e IAB Spain, busca garantizar la transparencia y la ética en la publicidad digital, especialmente en plataformas digitales como YouTube, Instagram, TikTok y Twitch.
Así, se establecen los requisitos para considerar a un creador de contenido como «usuario de especial relevancia» (UER) en redes sociales. Para ser clasificado como UER, un influencer debe cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:
- Ingresos brutos anuales superiores a 300.000 euros derivados de su actividad en plataformas de vídeo.
- Más de 1 millón de seguidores en una sola plataforma o más de 2 millones en varias plataformas.
- Ser responsable editorial del contenido publicado.
- Tener un impacto significativo en el público general a través de su actividad en plataformas digitales o redes sociales.
Además, los UER deben inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual, para permitir una supervisión más efectiva de las autoridades competentes.
Principales obligaciones de los influencers
La ley conlleva una serie de obligaciones para los creadores de contenido:
- Transparencia publicitaria
Deben identificar claramente las publicaciones patrocinadas, utilizando etiquetas como «publicidad», «ad» o «contenido patrocinado». De igual manera, si una marca les hace un regalo, deben etiquetarlo igualmente como “regalo” o “gratuito”. Así se evita la publicidad encubierta y permite a los usuarios distinguir entre contenido promocional, contenido gratuito o contenido propio.
- Protección de menores
Se prohíbe la promoción de productos y servicios dirigidos a menores, así como la publicidad encubierta en contenidos que sean accesibles para este público. Además, los influencers deben evitar que los datos de menores recogidos o generados en estas plataformas sean tratados con fines comerciales, como marketing directo o elaboración de perfiles.
- Responsabilidad editorial
Tienen que asumir la responsabilidad sobre las informaciones y opiniones difundidas públicamente, lo que implica un compromiso con la veracidad y la ética en la creación de contenido.
Desafíos y críticas
A pesar de los avances, la nueva regulación ha sido objeto de críticas. Por un lado, la ley no aborda adecuadamente la actividad de los menores influencers, pero la nueva “Ley de Influencers” se desarrolla de la mano de un Proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales. Esta reforma determina que todas las actividades que supongan un desempeño regular, remunerado y sujeto a acuerdos comerciales de menores serán tratadas como actividad laboral. Hasta que esta ley no entre en vigor, no se tendrá en cuenta la actividad de creadores de contenido menores de edad.
Por otro lado, las críticas recibidas son por la exclusión de muchos creadores de contenido que no cumplen con los umbrales establecidos (300.000 euros de ingresos o 1 millón de seguidores). Esto genera un “vacío legal”, así como controversias a la hora de publicar contenido entre estos perfiles que, pese a tener una comunidad más pequeña, son igualmente influyentes entre sus seguidores.
Aunque la entrada en vigor de la “Ley de Influencers” representa un avance en la regulación del ecosistema digital, es importante continuar adaptando la legislación para estos dos públicos. Solo así se puede garantizar un entorno digital más seguro, ético y equitativo para todos los usuarios.
