La vuelta al curso político en septiembre está presidida por la incertidumbre político-institucional derivada de la capacidad que tenga el gobierno, que cuenta con una mayoría parlamentaria cada vez más frágil, de sobrevivir.
El mismo gobierno ha anunciado su intención de presentar, esta vez sí, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 para su debate y aprobación en las Cortes Generales. Sin embargo, ha sido muy criticado no haberlo hecho en tiempo y forma antes de verano, para cumplir de manera escrupulosa con lo que dictan las leyes y las normas que rigen la actuación tanto del gobierno como del Parlamento.
La situación de la democracia española
Estamos ante una situación ciertamente inédita, pues los últimos presupuestos que se aprobaron fueron los de 2023, los cuales han sido prorrogados ya en dos ocasiones. No es la primera vez que se prorrogan presupuestos en la historia de la democracia española, pero sí es la primera vez en la que un gobierno decide continuar adelante tras haberlos prorrogado ya en dos ocasiones (¿habrá una tercera?). No es una mera cuestión reglamentaria. Tampoco algo que solo incumba a los políticos. El presupuesto es la herramienta clave donde el gobierno de turno establece sus prioridades políticas y de gestión, convirtiéndose de esta forma en una herramienta fundamental para todos los sectores económicos y sociales. En el caso de España es capital: en un país donde el gasto público supone la mitad del PIB, la importancia cualitativa y cuantitativa de dónde, cómo y cuánto se gasta e invierte, es de enorme importancia para que los agentes económicos y sociales puedan planificar asimismo sus decisiones.
En este sentido, existe una gran preocupación en ámbitos empresariales ante la posibilidad de que no vuelvan a aprobarse los presupuestos de nuevo, lo que nos abocaría a un escenario de máxima incertidumbre, limitando la capacidad estratégica de empresas y ralentizando, cuando no postergando, decisiones de inversiones.
La acción del presupuesto estatal es fundamental en España, pues sirve como catalizador del conjunto de la economía. Las decisiones de inversión pública, la adaptación del marco fiscal y la dirección de grandes planes y programas en el conjunto de los sectores resulta de enorme trascendencia.
Desajustes, urgencias y pérdida de oportunidades
Finalmente, hay que tener en cuenta el enorme efecto multiplicador en la economía real, pues los PGE no sólo aportan recursos, sino que estimulan, en muchos casos, el gasto y la inversión privada.
La ausencia de nuevos presupuestos está generando un desajuste entre las partidas actualmente en vigor y las necesidades actuales de los diferentes sectores y del conjunto de la sociedad. Muchas de esas necesidades no pueden resolverse con urgencia mediante Reales Decretos. Basta con observar lo que está pasando en materia de Defensa para ajustar el gasto a los acuerdos internacionales por nuestra pertenencia a la OTAN. Tampoco se pueden ajustar los distintos incentivos fiscales a la realidad post-pandemia. Además, la falta de mecanismos de cofinanciación nacional actualizados está generando una pérdida de oportunidades de financiación europea.
Los sectores más afectados
Hay sectores que se ven especialmente perjudicados con esta incertidumbre, como la construcción y las infraestructuras que ya están notando la paralización de licitaciones y los proyectos estratégicos. O los industriales, donde hay que llevar a cabo numerosas actualizaciones en planes tecnológicos y medioambientales. Pero podríamos extenderlo a prácticamente todas y cada una de las empresas del país.
Hay un conjunto de beneficios directos para el tejido empresarial que están en estos momentos en el alambre si no se acaban aprobando unos nuevos presupuestos: el acceso a nuevas líneas de financiación y avales públicos, la actualización de umbrales y límites de ayudas estatales y la modernización del marco de contratación pública.
La aprobación de los PGE trasciende el propio debate político y constituye una necesidad estructural para la economía española y el conjunto de los sectores productivos. De no aprobarse los presupuestos entraríamos en un contexto de gran riesgo que generaría pérdidas para la economía española en términos de competitividad, por no hablar de posibles impactos en términos de encarecimiento de la financiación externa.
Otra democracia frente al bloqueo
En nuestro país vecino, Francia, el debate giraba precisamente en torno a la incapacidad del gobierno para sacar adelante sus cuentas estatales, lo que llevó al primer ministro, François Bayrou, a presentar una moción de confianza en la Asamblea Nacional, ya que los grupos parlamentarios no estaban dispuestos a apoyar su proyecto de presupuestos con un recorte de más de 40.000 millones. Aunque el resultado fue un fracaso para el gobierno francés, Bayrou actuó tal y como dictan los cánones de una democracia parlamentaria: si no quieren mi presupuesto me someto a los representantes de la ciudadanía para que me digan si quiere que siga gobernando con mis ideas. Veremos qué pasará en las próximas semanas en nuestro país.
